Ante las últimas catástrofes, más o menos naturales, mucha gente anda, y con razón, cabreada y preocupada. Algo anda mal y alguien no ha hecho lo que debía, pero estaría genial poder explicar y convencer de su error a quienes echan la culpa, de eso como de todo, al Gobierno de España . Cabrearse con el gobierno es un deporte nacional que no tiene nada de malo porque es evidente que no siempre cumple lo que promete. También se le da genial lanzar humo para disfrazar renuncias imperdonables como ha hecho ante el genocidio de Gaza, dicho sea de paso.
Pero en el tema de la gestión de catástrofes, las cosas también están claras y solo adjudicando a quien corresponde realmente su cuota de responsabilidad será posible hacerles pagar la factura correspondiente por la pérdida de vidas y de recursos naturales. Que no es nada fácil, véase a Mazón sobreviviendo a la décima manifestación que pide su dimisión.
La cuestión es que son las Comunidades Autónomas y sus gobernantes quienes tienen las competencias para afrontar las emergencias y catástrofes. Tienen el derecho y la obligación. Aunque siempre han de contar con la colaboración del Gobierno, según sea solicitada, en materia de personal y material. Pero no es lo mismo colaborar que pasarle el marrón a otros cuando vienen mal dadas.
Así que ya está bien de ver como Presidentes de comunidades autónomas hechos y derechos que ganaron las elecciones y asumieron la dirección de sus territorios, cuando les viene grande la tarea, cuando no saben realizarla con eficacia, cuando se equivocan y sus errores causan víctimas y daños materiales, reclaman a grito pelado a papá Estado lo que no es de su competencia atribuyéndole una responsabilidad que no tiene. Ya está bien de intentar despistar a la inquieta y decepcionada opinión pública manipulando su inquietud y pretendiendo obtener rédito político.

Solo en tres circunstancias ( cuando se declara estado de alarma, excepción o sitio) el gobierno del Estado puede intervenir. Sólo si la propia Comunidad autónoma lo reclama formalmente el Gobierno puede encabezar la gestión de la catástrofe. No es un hecho opinable, es lo que recoge la Constitución. Son las reglas del juego y no se pueden variar según convenga para confundir al personal y esquivar la bronca. Sobran maniobras de distracción que solo sirven para que los verdaderos responsables no asuman sus errores y deficiencias en la gestión.




Es una iniciativa que refleja un interés creciente y sostenido por analizar una realidad tan cotidiana como son los problemas para trasladarse que se sufren en las ciudades y pueblos. El objetivo es detectar esos conflictos, menores en apariencia, que complican la vida de la gente para intentar ponerles solución. En 2019 se celebra del 16 al 23 de Septiembre en multitud de ciudades de España y Europa.
