Es bueno que el alcalde y la teniente de alcalde, representantes de las dos formaciones políticas que juntas dirigen la ciudad, tomen la iniciativa para reclamar de forma conjunta y planificada la vuelta de las competencias judiciales en materia de violencia de género.
Es bueno que el partido en la oposición local, pero con mando en plaza autonómica recuerde y asuma las promesas hechas respecto a la recuperación inmediata de unos recursos que nunca debieron desaparecer.
Sería bueno que existieran temas situados por encima de la confrontación política que permitieran una sincera acción conjunta entre los partidos, por muy alejadas que estén sus ideologías. La lucha contra la violencia machista debería ser uno de estos temas como se escenificó hace un año con la implicación del senador del PP, Fernando de Rosa. Pero es malo que las intenciones no se correspondan luego con las actuaciones.
No se entiende que el PSPV en les Corts Valencianes apoye una propuesta para mantener el plan de agrupación de partidos judiciales para la especialización de los juzgados de violencia sobre la mujer, lo que supone dejar las cosas como están. Mientras que el PSPV local mantiene un discurso guerrero y reivindicativo, como no podía ser de otra manera.
Tampoco que el senador del PP antes mencionado visite Ontinyent en marzo y defienda la permanencia allí de las competencias en materia de violencia machista y no su vuelta a Xàtiva, como dice que pretendía la anterior Consellera. Son las declaraciones apropiadas en cada lugar, aunque demuestran una incoherencia preocupante.
Es bueno que el Gobierno municipal se siente con profesionales del Derecho para diseñar estrategias conjuntas. Que piensen contar con la necesaria opinión de las Fuerzas de Seguridad. Que no se les olvide el apoyo inapreciable que puede prestar la ciudadanía y en concreto, las asociaciones de mujeres representadas en el Consell de les Dones.
Es malo olvidar que el conflicto no solo afecta a la ciudad de Xàtiva, sino que son 26 poblaciones de las dos comarcas, La Costera y la Canal de Navarrés, las afectadas por la medida que ya está obligando a las denunciantes, en algunos casos – siempre viene bien el recordatorio- a recorrer más de 100 kilómetros para ser atendida por la justicia.
Es bueno que desde el consistorio se intente ser propositivo, ofreciendo un local de titularidad municipal, pero es previsible que habrá que jugar con mucha más habilidad a la zanahoria y el palo, para mover a ese burro, dicho sea, con todos los respetos, que es la Administración personificada en el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, que anda ya muy entretenido con sus propias miserias como para atender peticiones tan minúsculas para ellos.
Es bueno que pretendan recabar datos y evidencias empíricas que argumenten la necesidad de que las competencias regresen al partido judicial de donde nunca debieron salir. Aunque por poco que se conozca el complejo juego de la política es fácil advertir que en las decisiones que se toman no solo, ni por desgracia, intervienen factores objetivos, sino que otras consideraciones, mucho más mezquinas, pesan de forma determinante.
Es malo, malísimo que haya habido que esperar un largo año, para recordar la reivindicación pendiente durante el cual ha habido escasa preocupación para garantizar que en Alzira se está atendiendo a las mujeres como merecen y necesitan. Se asigna así al conflicto un carácter “flotante”, a expensas de las circunstancias y los recordatorios apropiados, que no dice mucho, o quizás demasiado, de la prioridad que se le otorga al asunto. Porque resulta que las guerras no se ganan a ratos sueltos o en fechas señaladas.
