Hay relaciones complicadas en las que a veces prima la mutua utilización frente al amor sincero. Que vienen de lejos y han pasado por fases de enamoramiento incondicional, de disputa o de franco rechazo. Sobre todo a la hora de valorar quien obtiene más beneficios o asume mayores pérdidas en esa prolongada relación. Esto es lo que pasa con las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado español, laico en teoría, pero vinculado a la Iglesia católica, apostólica y romana desde hace generaciones que a ella le deben gran parte de sus filias y fobias.
No se trata de faltarle al respeto a nadie, sobre todo a las personas que están en su legítimo derecho de profesar unas creencias con las que intentan ser coherentes en su práctica diaria. Gente con principios religiosos arraigados que practica su religión con dedicación , sin hacerse ni hacer trampas a nadie, siempre desde el empeño de ser mejor persona y mejor ser humano .
Pero de esos quedan pocos en España. Según datos de la propia Conferencia episcopal cada año desciende el número de bautizos que hoy no recibe el 40% de los recién nacidos. El 70% de las bodas son civiles. Solo una de cada 3 personas se declara católica, proporción que desciende considerablemente en los jóvenes menores de 35 años. Con todo, sean pocos o muchos, poseer y practicar principios éticos y morales acredita a las personas y es un derecho incuestionable a proteger.
Otra cosa es la institución que patrimonializa esas creencias, esa Santa Madre dependiente del Vaticano que tiene poco de madre y menos de santa, por lo menos según el criterio indudablemente sesgado de quienes la juzgan a la vista de su experiencia histórica , pasada y presente. Sin contar con todas aquellas entidades que no tienen personalidad jurídica civil, la Iglesia tiene más de 40.000 terminales: desde parroquias a monasterios, desde órdenes a congregaciones, desde ONG hasta fundaciones, desde Manos Unidas a la Universidad Pontificia de Comillas. Eso es la Iglesia en un sentido amplio.
Es una institución que se lleva al año el 1% del PIB, lo que supone unos 11.000 millones de euros, siendo la mayor propietaria de este país después del Estado. Según el informe 2017 de Europa Laica, a través de sus más de 40.000 instituciones, la Iglesia conforma un enorme patrimonio, consistente en bienes mobiliarios e inmobiliarios. Entre ellas, más de 110.000 propiedades, entre lugares de culto, pisos, locales, etc. Por si no era suficiente, en las últimas dos décadas puso a su nombre alrededor de 30.000 propiedades, desde catedrales, iglesias, ermitas… a
casas parroquiales o de maestro, plazas, fuentes, frontones y todo tipo de parcelas según los datos que el Colegio de Registradores entregó al Gobierno. Además posee el 70% del suelo habitable de Toledo, Ávila, Burgos y Santiago y porcentajes menores en los más de 8.000 municipios del Estado amén de más de 150.000 hectáreas en tierras agrícolas. Sin mencionar el enorme y rentable privilegio de estar exenta de pagar una serie de impuestos como el IBI, el de de Sucesiones, etc…
Por eso la noticia de que la Seu de Xàtiva va a cobrar una entrada de 3 euros de la que no se librarán ni las criaturas que gozarán de rebaja, aunque no de exención total como las personas devotas que vayan a orar, no ha de ser causa de alarmismos catastrofistas y temores claramente infundados. A la vista de lo descrito, no hay ningún riesgo de presenciar la quiebra económica de una institución tan antigüa, necesaria, transparente y democrática como la Santa Madre Iglesia.
