No hay palabra que describa el vértigo que produce mirar a la cara a algunas cifras y convertirlas en realidades de carne y hueso, con caras y piernas, dueñas de un pasado extenso y privadas de un futuro cortado en seco.
Hablar de casi 20000 ancianos muertos por la pandemia no puede ser un dato más, simplemente informativo como el número de mascarillas que se necesitaron o de efectivos de las fuerzas de Seguridad que actuaron. Porque si pasamos del relato estadístico a la cruda comprensión de lo que esa cifra esconde, nos encontramos hablando de Conchas, Manolos o doña María, que murieron no porque llegara su hora, sino porque alguien tomó decisiones que les hicieron morir. De gente que deja hijos y nietos que les lloran pero también balcones llenos de plantas, y partidas de cartas sin terminar, y labores de punto sin rematar… vidas propias que nadie tenía derecho a despreciar.
Si la pandemia en su conjunto ha sido una pesadilla distópica, el remate es llegar a la conclusión de que su intrahistoria contiene uno de los momentos más vergonzantes y francamente insoportables de la historia de este país: aquel en el que las vidas de muchas personas fueron ofrecidas a modo de sacrificio, según una escala de prioridades difícilmente defendible.
Una sanitaria relataba su satisfacción por la superación de la enfermedad de una anciana de 80 años a la que se trató convenientemente, con los medios necesarios, valorando que valía la pena dado que antes del contagio era una mujer activa y autónoma. Ese fue el factor que salvó su vida lo que no hubiera sucedido de haber sufrido limitaciones o patologías habituales en tantos y tantos ocupantes de residencias, a los que un párrafo incluido en una circular interna excluyó de cualquier posibilidad de tratamiento y recuperación. Al parecer, no valía la pena invertir en ellos los medios que podrían haberles salvado la vida.
Hay decisiones políticas que duelen y dañan, que perjudican y complican la existencia de las personas. Pero es difícil recordar alguna tan terrible, tan nefasta y tan letal como la que recomendó no trasladar a hospitales a las personas ancianas que manifestaran síntomas de la enfermedad, que, por el contrario debían ser aisladas o lo que es lo mismo abandonadas a su suerte. Si no disfrutaban de seguros particulares, claro, ya que en ese caso, cuentan ahora quienes lo vivieron en primera fila, las ambulancias las esperaban en las puertas de la residencia para su traslado al hospital, como dios manda..
Esa gestión no admite comprensión, ni justificación posible. No se está hablando de equivocaciones, de errores de juicio o de procedimiento, de una evaluación érronea de daños…No se está hablando siquiera de algo que pertenezca al ámbito de la disputa política, sino esencialmente de derechos humanos.
Fuera de melodramas y victimismos que disfrazan la realidad, hay que llamar a las cosas por su nombre, sin esconderse tras eufemismos baratos. Aunque cause bastante miedo y más vergüenza, afrontar tantas pérdidas humanas causadas en función de su año de nacimiento y la ineptitud de algunos gobernantes.
