A día de hoy, están sobre la mesa dos acuerdos importantes que recogen medidas contra la violencia machista. Uno es el Pacto Estatal contra la violencia de género, que está en fase de consultas con CCAA , Ayuntamientos y sociedad civil, en base a las 213 medidas propuestas por la Subcomisión de Igualdad del Congreso de los Diputados tras 11 meses de trabajo y 66 comparecencias donde han sido oídas personas y entidades expertas.
El otro es el Pacto valenciano contra la violencia machista y de género suscrito el 18 de Septiembre por 63 entidades, asociaciones y responsables que abarcan desde la patronal y Sindicatos, a los Colegios profesionales implicados, pasando por los Ayuntamientos, Cuerpos de Seguridad , asociaciones de mujeres y , es evidente, la propia Administración valenciana.
Son dos acuerdos de diferente índole, ya que el primero es un compromiso político que el Gobierno del Estado piensa adoptar y el segundo, es un acuerdo social entre las diferentes agentes implicados, en el que la Administración valenciana ha actuado como elemento dinamizador aunque también ha suscrito compromisos de gran envergadura.
Habría que resaltar en primer lugar que la existencia de ambos acuerdos no es casual. Responde, entre otros factores, a la presión en las calle de las mujeres y de sus asociaciones que tras años de lucha sorda y constante para visualizar y conseguir complicidades sociales, dieron un paso cualitativo de gran importancia concentrando sus demandas en un Pacto de estado que integrara una serie de medidas, imprescindibles y evidentes para interrumpir la sangrienta lista de mujeres asesinadas mes tras mes.
Por eso razón se convocaron y realizaron movilizaciones de gran alcance, como el 7N que ocupó las calles de Madrid con gente llegada de todos los puntos del Estado y que tuvo como reivindicación central el Pacto de Estado que ahora está a punto de concluirse. Otras convocatorias, como el 19J ocupando más de 150 Ayuntamientos para exigir un incremente de la dotación presupuestaria para la lucha contra la violencia de género, fueron también señal inequívoca de que las mujeres y sus asociaciones no estaban dispuestas a la resignación y la paciencia. Porque ya se había superado con creces la etapa de minutos de silencio y dolientes concentraciones y había llegado la hora de exigir soluciones, medidas operativas y consensuadas, ajenas al mercadeo político y dotadas de consignación presupuestaria. Medidas, en resumen que fueran capaces de dar solución y no compasión.
Ahora las mismas asociaciones y en general toda la ciudadanía que mostró su rechazo y su exigencia de soluciones, tiene un doble desafío. Por un lado, desde la responsabilidad y el compromiso ha de conocer y evaluar ambos acuerdos para llegar a conclusiones justificadas sobre su validez y efectividad. Esta es la razón que fundamenta la Jornada que Alerta Feminista ha organizado el 4 de Noviembre en Valencia, centrada en la explicación y valoración colectiva de ambos acuerdos.
Por otro lado, más allá de reivindicar las mejoras que considere, ha de mantener la presión y la fiscalización que garantice la aplicación del conjunto de medidas estipuladas.
No sería en absoluto extraño que tras el momento de gloria que supone la publicitación del Pacto, del avance que sus medidas suponen, se produjera desde los ámbitos de poder, un gran silencio, un gran vacío que diera lugar a una interminable demora en su aplicación. Cierto es que nunca es aconsejable la precipitación y que los tiempos de la Administración son lentos y parsimoniosos. Pero también es cierto que no se luchado tanto, ni recibido tan buenas palabras como para consentir ahora que las medidas acordadas no tengan más realidad que el papel en que fueron escritas.
El Pacto Estatal ya presenta de entrada un interrogante preocupante en lo que se refiere a su financiación. Porque si bien se presentó en sociedad, alardeando de su financiación, nada menos que mil millones de euros en 5 años, lo cierto es que en 2018, primer año de aplicación del Plan, no parece que se vayan a dar los pasos necesarios para hacer realidad dicha promesa. Siendo previsible la prórroga de los Presupuestos del 2017 , se requeriría una modificación presupuestaria para hacerla realidad. Y no hay señales, ni movimiento en este sentido.
Por ello, y en general, como procedimiento habitual si se aspira no sólo a la denuncia sino a la transformación de una realidad incompetente y pasiva que ya resulta insoportable, hace falta un marcaje riguroso, una vigilancia extrema para que lleguen a buen término las medidas propuestas en los plazos fijados y con los procedimientos necesarios.
Salimos a la calle el 7N en demanda de un Pacto útil y eficaz, hartas de mentiras, de dilaciones, de promesas incumplidas. Igualmente el 19 J y también, muchos más días en que ha habido concentraciones en multitud de localidades para leer desde la rabia y la indignación nombres de mujeres y criaturas que ya no están. El proceso para la elaboración de estos Acuerdos ha sido largo y doloroso porque cualquier plazo es demasiado largo para ofrecer esperanza a quienes continúan sin ver que se adoptan medidas con las garantías suficientes para poner a salvo sus vidas.
No es posible pues la decepción, ni el incumplimiento. Por eso, más que nunca y como siempre, es necesaria la presión ciudadana de las mujeres y sus asociaciones. Más que nunca hay que apostar por la vida. Por una vida digna para todas las mujeres. Porque no hemos nacido mujeres para que nos maten por serlo.
Este pasado miércoles, tanto las AMPAs como los Sindicatos de estudiantes, llamaron a hacer una huelga contra los exámenes de Reválida, en todos los centros educativos excepto los universitarios.